jueves, 24 de octubre de 2013

Poderes universales, monarquías feudales y ciudades-Estado


En la Plena Edad Media se observó una gran disparidad en la escala a que se ejercía el poder político: los poderes universales (Pontificado e Imperio) seguían reivindicando su primacía frente a las Monarquías feudales, que en la práctica funcionaban como estados independientes. Al mismo tiempo, entidades mucho más pequeñas en extensión demostraban ser muy dinámicas en las relaciones internacionales (las ciudades-estado italianas y las ciudades libres del Imperio Germánico), y el municipalismo demostró ser una fuerza muy a tener en cuenta en todos los territorios de Europa.

El redescubrimiento del Digesto justinianeo (Digestum Vetus) permitió el estudio autónomo del Derecho (Pepo e Irnerio) y el surgimiento de la Escuela de los Glosadores y de la Universidad de Bolonia (1088). Ese suceso, que permitirá el redescubrimiento paulatino del Derecho romano, llevará a la formación del llamado Corpus Iuris Civilis y a la posibilidad de plantear un Ius commune (Derecho común), y justificar la concentración de poder y capacidad reglamentaria en la institución imperial, o en los monarcas, cada uno de los cuales empezará a considerarse como imperator in regno suo ("emperador en su reino" -definiciones de Bártolo de Sassoferrato y Baldo degli Ubaldi-).
Rex superiorem non recognoscens in regno suo est Imperator: El rey no reconoce superiores, en su reino es emperador.
Decretal Per Venerabilem de Inocencio III, 1202.
La difícil convivencia de Pontificado e Imperio (regnum et sacerdocium) a lo largo de los siglos dio origen entre 1073 y 1122 a la querella de las investiduras. Distintas formulaciones ideológicas (teoría de las dos espadas, Plenitudo potestatis, Dictatus papae, condenas de la simonía y el nicolaísmo) constituían un edificio levantado durante siglos por el que el Papa pretendía marcar la supremacía de la autoridad religiosa sobre el poder civil (lo que se ha venido denominando agustinismo político), mientras que el Emperador pretendía hacer valer la legitimidad de su cargo, que pretendía derivar del antiguo Imperio romano (Translatio imperii), así como el hecho material de su capacidad militar para imponer su poder territorial e incluso tutelar la vida religiosa (tanto en los aspectos institucionales como los dogmáticos), a semejanza de su equivalente en Oriente. El acceso de distintas dinastías a la dignidad imperial debilitó el poder de los emperadores, sujetos a un sistema de elección que les hacía dependientes de un delicado juego de alianzas entre los dignatarios que alcanzaron el título de príncipe elector, unos laicos (príncipes territoriales, independientes en la práctica) y otros eclesiásticos (obispos de ciudades libres). No obstante, periódicamente se asistía a intentos de recuperar el poder imperial (Otón III y Enrique II entre los últimos otónidas), que en ocasiones llegaban a enfrentamientos espectaculares (Enrique IV, de la dinastía salia, o Federico I Barbarroja y Federico II de la dinastía Hohenstaufen). La oposición entre güelfos y gibelinos, cada uno asociado a uno de los poderes en liza (papa y emperador), presidió la vida política de Alemania e Italia desde el siglo XII hasta bien entrada la Baja Edad Media.

Ambas pretensiones distaron mucho de hacerse efectivas, agotadas en su propio debate y superadas por la mayor eficacia política de las entidades urbanas y los reinos del resto de Europa.

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