Mercado Común y Unión Europea

Las sucesivas incorporaciones a las Comunidades Europeas han caracterizado su medio siglo de historia, entre 1957 y 2013.

 

La Unión Europea había tenido ya en 1949 el exitoso precedente del Benelux (unión comercial de Bélgica, Holanda y Luxemburgo), modelo que se aplicó a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el Euratom y la Comunidad Económica Europea del tratado de Roma de 1957 (esos tres pequeños países más tres grandes: Francia, Alemania e Italia), ampliada sucesivamente a nueve (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, 1973), doce (Grecia, 1980, España y Portugal, 1982) y quince países (Suecia, Austria y Finlandia, 1995). El espacio económico europeo se planteó como librecambista e integrador hacia el interior, como la mejor manera de garantizar la convergencia de niveles de vida y la comunidad de intereses que impidiera nuevas guerras (especialmente entre Francia y Alemania, protagonistas de repetidos enfrentamientos desde 1870), mientras que hacia el exterior era fuertemente proteccionista, especialmente en una agricultura generadora de excedentes que garantizaba la estabilidad de la población rural.
La primitiva comunidad económica gestó un germen de unidad política, con la elección de un Parlamento Europeo desde 1979, de competencias ampliadas paulatinamente desde el Acta Única Europea de 1986 y el Tratado de Maastrich de 1992. La incorporación de los países de transición al capitalismo se hizo en dos fases: primero los más desarrollados y estables (en 2004: Polonia, República Checa, República Eslovaca -anteriormente unidas en Checoslovaquia-, Hungría, la ex-yugoslava Eslovenia y las antiguas repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, -junto a las islas mediterráneas de Chipre y Malta-), y después Rumanía y Bulgaria (2007). La integración de Noruega, negociada en varias ocasiones, se ha pospuesto en cada una de ellas por oposición interna en ese país, que dispone de recursos naturales cuya explotación autónoma podría verse comprometida. La de Islandia, por razones similares (las llamadas Guerras del Bacalao de los años 50 y 70) no se había planteado seriamente hasta la gravísima crisis que afectó a ese país en 2008. La candidatura de Turquía, planteada desde 1963 y repetidamente postergada, es objeto de fuertes discrepancias sobre la posibilidad de que su condición de país musulmán, su gran población y su diferencial de desarrollo afecten a la misma personalidad de la Unión.

El principal reto económico del siglo XXI ha sido intensificar la integración, que incluyó la adopción del euro como moneda común; a la que no todos los países se han sumado. Destacadamente, entre los más reticentes se encuentra el Reino Unido, desde donde se ha popularizado y extendido la expresión euroescéptico. El fracaso en la aprobación de la Constitución Europea ha obligado a reformular en varias ocasiones los proyectos más ambiciosos de aumentar la dimensión política de la Unión.
Otras instituciones de integración europea, como la EFTA y el Consejo de Europa, han perdido significación como consecuencia del éxito de las instituciones comunitarias, que son un ejemplo de organización supranacional imitado por otros proyectos de integración económica en el mundo.