Tras la muerte del rey Fernando VII el 29 de septiembre de
1833, la regente María Cristina mantuvo
en el poder a los políticos reformistas que habían servido en la última etapa
del reinado de su marido, liderados por Francisco Cea Bermúdez, Secretario de
Estado. El objetivo era mantener el apoyo de los reformistas a su hija, la
reina Isabel II, menor de edad en aquellos momentos,
frente a las pretensiones de los absolutistas aglutinados entorno a la figura
del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando
VII, quien no reconocía los derechos de su sobrina para ocupar el Trono.
Las reformas llevadas a cabo
por Cea Bermúdez tenían un carácter administrativo para complacer a los
realistas que no se había pasado al bando carlista, pero su escaso contenido
político no satisfacía a los liberales. Con el estallido de la Primera Guerra Carlista el 6 de
octubre, la regente necesitaba el apoyo de los liberales, pero la oposición de
Cea Bermúdez lo impedía. El 25 de diciembre se produjo el manifiesto del
Capitán General de Cataluña, Manuel
Llauder, contra el inmovilismo político del Secretario de Estado.
Tras estos hechos, la regente cedió a las presiones y obligó a dimitir a Cea
Bermúdez el 15 de enero de 1834, siendo sustituido por el liberal
moderado Francisco Martínez de la Rosa, quien se
convertiría en el primer Presidente del Consejo de Ministros de España.1
El nuevo gobierno centró sus acciones
en intentar acabar con la guerra. Para ello, se suprimieron los conventos cuyos
miembros apoyasen al pretendiente Carlos María Isidro, se concedió una amnistía
general2 y
se aprobó la creación de la Milicia Urbana. Además, se
intentó dotar al Estado de un elemento político que permitiera su
gobernabilidad y su fuerza frente a los carlistas, el Estatuto Real, promulgado el 10 de abril
de 1834 a modo de carta otorgada. De este modo, se trató de contentar a todas
las fuerzas políticas, al ceder a las peticiones de aprobar una «constitución»,
pero sin llegar al extremo de restaurar la de 1812.
Otra de las decisiones del
Gobierno de Martínez de la Rosa fue la búsqueda de apoyo internacional para la
causa isabelina. Sin embargo, la cuestión era difícil. Tal y como afirma
López-Cordón, la «descalificación de
España como potencia europea, fruto de la desafortunada política exterior de
Fernando VII»3 dejó
al país aislado del resto de Europa y tan sólo Francia e Inglaterra y los
países dependientes de estas, reconocieron a Isabel II como legítima heredera.4 España
firmaría entonces una alianza con Gran Bretaña y Francia, a la que se uniría
Portugal, país que vivía una situación muy similar con las Guerras
Liberales.5 El
22 de abro de 1834 quedó conformada la denominada Cuádruple Alianza entre estos países,
y que supondrá una dependencia de España en política exterior con respecto a
Francia y Gran Bretaña cuya máxima será: «Cuando Francia e Inglaterra estén de acuerdo, marchar con ellas; cuando
no, abstenerse».6
El Gobierno de Martínez de la
Rosa también debió enfrentarse a los numerosos problemas derivados de la
debilidad interna que trajo consigo la guerra civil. En julio de 1834 se
produjo una epidemia de cólera en Madrid y,
pese a las medidas del Gobierno, las muertes se sucedieron en gran número. Las
masas populares, alentada por falsos rumores, descargaron su ira por la
situación sobre los frailes de la ciudad acusados de envenenar los pozos y de
apoyar al pretendiente carlista llevándose a cabo matanzas y quema de
conventos. En abril de 1835 se produjo un levantamiento militar contra el
Gobierno, ocupándose la Real Casa de Correos de Madrid. El
Gobierno envió a sofocar la sublevación al Ejército al mando del Capitán
General de Madrid, José de Canterac. La rebelión fue sofocada,
pero, entre las bajas se encontraba la del propio Capitán General.
Con la reforma institucional
derivada del Estatuto Real, los liberales progresistas entraron en la escena
política y supusieron un grupo de presión para la política moderada de Martínez
de la Rosa. Estos liberales defendían los derechos del ciudadano, la libertad
de prensa, la restitución de la milicia
nacional y la subordinación del Ejecutivo a las Cortes.7 Estas
medidas no eran del agrado ni de los moderados ni de la reina regente, por lo
que no prosperaron en las Cortes. Sin embargo, los progresistas llevaron el
debate a la calle a través de los círculos políticos y la prensa liberal,
aumentando así la presión sobre el Gobierno.
Finalmente, la imposibilidad
para acabar con la guerra y la presión de los progresistas llevaron a Martínez
de la Rosa a clausurar las Cortes el 29 de mayo y a dimitir el 7 de junio de
1835.
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