Se pretendía haber hecho la guerra que acabaría con las guerras, creando un nuevo orden internacional basado en el principio de nacionalidad (identificación de nación y estado), cuestión que debería resolverse con plebiscitos allí donde esa identidad fuera cuestionable (lo que ocurría en la práctica totalidad de Europa, aunque solo se aplicó en pequeño número de casos fronterizos). Se pretendía que las nuevas naciones, al carecer de ambiciones territoriales, renuncian a la guerra como método de resolución de conflictos. La paz se garantizaría por el principio de seguridad colectiva, administrado por un organismo internacional: la Sociedad de Naciones, cuya sede se fijó en Ginebra. La exclusión de Alemania y la Unión Soviética, más el rechazo del Congreso de los Estados Unidos a su inclusión, limitó de forma grave su eficacia. Incluso entre sus propios miembros, la nula capacidad de hacer cumplir sus decisiones a los estados que no lo hicieran voluntariamente (casos del Japón en Manchuria o de Italia en Abisinia) demostró su práctica inoperancia en cuestiones graves, aunque en otros campos sí desarrolló funciones más o menos importantes (Organización Internacional del Trabajo y otras agencias).
La diplomacia bilateral y multilateral continuó siendo el principal ámbito de las relaciones internacionales, aunque ciertamente se vio influenciada, sobre todo inicialmente, por el nuevo clima de confianza. La proscripción de la diplomacia secreta no tuvo en realidad cumplimento. El Tratado de Rapallo (1922), los Tratados de Locarno (1925) y el Pacto Briand-Kellogg (1928) marcaron distintas conformaciones de alianzas o declaraciones de buenas intenciones que no consiguieron disipar la desconfianza entre las potencias, incrementada dramáticamente a partir de la crisis de 1929 que proyectó las tensiones internas de cada país al terreno internacional. Su manifestación más grave fue el expansionismo y rearme alemán (Anschluss -anexión de Austria, 1934-, crisis de Renania -1936-, crisis de los Sudetes -1938-). El fracaso de la política de apaciguamiento (acuerdos de Múnich, 1938), más temerosa del peligro comunista que del fascista (Eje Roma-Berlín, octubre de 1936) se repitió en el fracaso de la política de no intervención con que se pretendía paliar los efectos de la Guerra Civil Española (1936-1939). Los definitivos virajes hacia la guerra se hicieron inevitables cuando, a los pocos meses de terminar aquella, Hitler y Stalin sellaron el Pacto Germano-Soviético (23 de agosto de 1939).
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